Las fuertes acciones que la Policía Penitenciaria en coordinación con el Organismo de Investigación Judicial (OIJ) ha emprendido a lo interno de los centros penitenciarios ocasionaron que la actividad de las estafas mediante llamada telefónica se desplomara a partir de julio, cuando registró uno de los picos más altos del año.
Ese mes se registraron 259 denuncias por el timo del funcionario público, en agosto descendió a 159 casos mientras que para setiembre se registraron 65 casos, según dan cuenta las estadísticas de la policía judicial.
La actividad delictiva había tenido un repunte importante este año. Mientras que en los primeros seis meses del 2018 se presentaron 620 casos de estafas telefónicas, en el primer semestre de este año las autoridades acumularon 1387 denuncias.
Aunque no todas las estafas de esa modalidad se gestan desde las cárceles, lo cierto es que la disminución coincidió con una serie de trabajos emprendidos por la Policía Penitenciaria en coordinación con el OIJ y la Fiscalía en el último trimestre para golpear a los grupos que operan desde los centros penitenciarios.
A mediados de agosto trascendió un video en el que un grupo de privados de libertad llamaba a terceros. Para ese momento las autoridades tenían en camino una serie de investigaciones.
El director de la Policía Penitenciaria, Pablo Bertozzi, destacó que el trabajo comienza desde las afueras de los centros penales, donde entran en juego los protocolos para la detección de celulares de contrabando.
“El trabajo de la Policía Penitencia es exhaustivo para combatir todos estos movimientos en los centros penales. Diariamente realizamos operativos de decomiso y hallazgo. Este tipo de operaciones son fundamentales, pues el cuerpo policial debe tener presencia y un control permanente sobre la población privada de libertad para desarticular cualquier grupo organizado a lo interno de los centros penales”, indicó el comisario Bertozzi.
Hasta el 30 de setiembre, la Policía Penitenciaria había decomisado 2.412 celulares, la mayoría en el CAI Jorge Arturo Montero, en San Rafael de Alajuela. Desde el 2015 los agentes se incautaron de 15.341 aparatos.
Entre agosto y setiembre el ministerio, en conjunto con la Agencia de Protección de Datos de los Habitantes, lanzó en sus redes sociales una campaña para prevenir los ataques de estafadores mediante llamadas telefónicas. Con leyendas como “¿No le parece extraño ganar una rifa en la que ni siquiera ha participado?”, “¿Le ayudo con sus facturas electrónicas?” y “¿Está seguro de que la llamada es del Ministerio de Hacienda?”, el Ministerio de Justicia y Paz recordó a la ciudadanía el cuidado que debe tener de no suministrar información personal o claves a desconocidos.
Marcia González Aguiluz, Ministra de Justicia y Paz, expresó que desde la cartera ministerial se trabaja de manera cercana con el Poder Judicial con la idea de desarticular cualquier grupo que utilice los centros penitenciarios como epicentro para actividades delictivas.
“Este es el reflejo del trabajo conjunto entre la Policía Penitenciaria y el OIJ para desarticular grupos que operan en algunos centros penales. Para el Ministerio de Justicia y Paz siempre ha sido prioridad que la ciudadanía se sienta protegida. Este un esfuerzo importante, pero quedan cosas por hacer.
“Por eso es que seguimos insistiendo en que la implementación del bloqueo de la señal celular debe hacerse lo más rápido posible como una acción que venga a fortalecer el trabajo que desde el ministerio llevamos a cabo. También debemos insistirle a la ciudadanía en que permanezca alerta y no caiga en este tipo de timos”, manifestó la jerarca.
Bloqueo de señal celular
Actualmente corre el plazo formal de nueve meses para que los operadores de redes y proveedores de servicios de telecomunicaciones implementen las soluciones tecnológicas necesarias para bloquear la señal celular en los centros penales del país.
Para esta implementación se han realizado mesas de trabajo y visitas de campo entre los equipos técnicos de los teleoperadores, sus proveedores contratados y el Ministerio de Justicia y Paz.
En los próximos días finaliza el plazo para la adjudicación de la empresa que aplicará la tecnología en los Centros de todo el país.