El Congreso de la República aprobó este día, en segundo debate, el proyecto de ley que permitirá al Ministerio de Justicia y Paz y al Ministerio de Seguridad Pública ejecutar recursos por $100 millones en el Programa de Seguridad Ciudadana y Prevención de la Violencia, mediante un empréstito con el Banco Interamericano de Desarrollo (BID).
El proyecto de ley ya había sido votado positivamente, de manera unánime, por los ocho integrantes de la Comisión Permanente Especial de Seguridad y Narcotráfico, el pasado 8 de setiembre, y recibió primer debate el pasado lunes 22 de febrero. Al Ministerio de Justicia y Paz le corresponde ejecutar aproximadamente $33 millones del empréstito.
Estos fondos serán aprovechados en la construcción de ocho nuevos Centros Cívicos por La Paz (CCP) y el refuerzo de los procesos de CCP Sin Paredes por todo el país. También se actualizará y fortalecerá el modelo de prevención de los CCP. Además, se invertirá en la difusión de actividades, capacitaciones en derechos humanos, implementación informática para la gestión de los CCP y evaluación de impacto de las actividades.
“Nos encontramos muy agradecidos por el compromiso de los señores y las señoras diputadas con brindarle al país la posibilidad de continuar y reforzar las políticas públicas que buscan prevenir la violencia, así como propiciar un desarrollo integral de las comunidades que más lo necesitan. Definitivamente, esta es la Costa Rica que anhelamos y por la que estamos trabajando en conjunto”, expresó la Ministra de Justicia y Paz, Fiorella Salazar Rojas.
Por otro lado, el Viceministro de Paz, Jairo Vargas Agüero, destacó la relevancia de este resultado positivo. “El empréstito es muy significativo para los esfuerzos que hace esta cartera desde el Viceministerio de Paz. El fortalecimiento y la mayor cobertura territorial de los CCP nos permitirá potenciar el alcance a más personas en condición de vulnerabilidad y exclusión, muchas de ellas víctimas en círculos de violencia”.
Los recursos destinados para Seguridad Pública (alrededor de $63 millones) se aprovecharán para edificar más de 35 nuevas delegaciones policiales en sitios que responden a la priorización de distritos por incidencia de asaltos y homicidios, así como actualización técnica del personal policial, mejorar la interoperabilidad de la plataforma tecnológica de la Fuerza Pública con otras plataformas policiales, georreferenciación de los delitos y mejorar los procesos de recepción y reporte de denuncias de la ciudadanía, entre otros.