Las autoridades del Ministerio de Justicia y Paz en conjunto con autoridades del Poder Judicial, realizaron el martes, en el Colegio de Abogados y Abogadas, un foro sobre las Reglas Mínimas de las Naciones Unidas para el Tratamiento de los Reclusos (Reglas Nelson Mandela) con el propósito de discutir con los participantes sobre el Sistema Penitenciario Nacional, tomando en especial consideración el respeto de los derechos humanos de las personas privadas de libertad.
La ministra de Justicia y Paz, Cecilia Sánchez, ejerció como moderadora en el foro, en el que estuvieron presentes como comentaristas, José Manuel Arroyo, vicepresidente de la Corte Suprema de Justicia, Marco Feoli, viceministro de Justicia, Marta Iris Muñoz, directora de la Defensa Pública, y Roy Murillo, juez de ejecución de la pena de San José.
La actividad también contó con la participación de la experta María Noel Rodríguez, coordinadora de Proyectos en la Oficina de Naciones Unidas contra la Droga y el Delito (UNODC), quien expuso ampliamente acerca del proceso de revisión de las Reglas Nelson Mandela y los desafíos y retos comunes que enfrentan los sistemas penitenciarios de la región centroamericana. Los cambios en las reglas fueron parte de un proceso de análisis por parte de un grupo de expertos intergubernamentales, de agencias de Naciones Unidas y especialistas académicos del mundo, aprobados por la Asamblea General de las Naciones Unidas.
Según indicó Rodríguez, los expertos intergubernamentales discutieron cuales debían ser las áreas de revisión durante el proceso de análisis realizado al documento original de 1955, el cual tienen gran influencia en el desarrollo de leyes penitenciarias.
La actualización impactó el 35% de las reglas originales y busca brindar mayor protección a las personas privadas de libertad al limitar el uso del aislamiento, de las requisas, de las medidas de coerción y de las sanciones disciplinarias, requerir la inspección exhaustiva e independiente de los lugares de detención y exigir la investigación de todas las muertes y todos los posibles casos de tortura o malos tratos en el encierro. También, explicitan pautas para la atención de la salud y los derechos de las personas con discapacidad, entre otros temas.
El juez de ejecución de la pena de San José, Roy Murillo, fue enfático en cuestionar la falta de obligatoriedad de las Reglas Mínimas de las Naciones Unidas para el Tratamiento de los Reclusos, lo que consideró como una “bofetada para una población”, que se encuentra en altas condiciones de vulnerabilidad, pues no se justifica que los derechos de las personas privadas de libertad estén regulados en un documento sin tener carácter vinculante, lo que implica un tratamiento como ciudadanos de segunda categoría, aseveró.
“Es momento de que las personas privadas de libertad tengan una legislación que obligue a los Estados a asegurar los derechos que tienen, por que los instrumentos internacionales están vigentes, pero como población en vulnerabilidad tienen derecho a una norma específica”, sostuvo el juez Murillo.
El foro tuvo una amplia intervención de los comentaristas de la Corte Suprema de Justicia, el Ministerio de Justicia y Paz y la Defensa Pública. Además, asistieron, como oyentes, defensores públicos, funcionarios del Organismo de Investigacion Judicial (OIJ), del Ministerio de Justicia y Paz, profesores, estudiantes y sectores de la sociedad civil.