San José, 3 de junio del 2016. El Ministerio de Justicia y Paz expresa la mayor indignación ante el crimen ocurrido contra un menor de edad, en Guanacaste, y reafirma que revisará con rigurosidad el otorgamiento de los beneficios carcelarios.
En relación con ese lamentable hecho, sumado al de una mujer víctima de violación en Pococí, en el que se vinculan dos usuarios del Programa Semiinstitucional, el Instituto Nacional de Criminología (INC) ya ordenó la revocatoria del beneficio para ambas personas, con lo cual ahora deben descontar el resto de su condena en el Programa Institucional.
En ese sentido, se mantendrá una revisión profunda de los mecanismos de seguimiento a estos beneficiarios, de duplicar los filtros, de comprometer más formalmente a los beneficiarios y reafirmar los principios de no egresar agresores sexuales ni condenados por otros delitos graves como homicidio, crimen organizado, narcotráfico internacional.
Esas revisiones precisamente se realizan a través de las instancias correspondientes, con el apoyo de la Unidad de Seguimiento de la Policía Penitenciaria, la cual ha intercambiado información relevante con diferentes cuerpos policiales.
Como parte de la evaluación concurrente de las acciones llevadas a cabo en materia de redistribución, recientemente, se formalizó una comisión que integra miembros de la Dirección General de Adaptación Social, de la Policía Penitenciaria, el Instituto Nacional de Criminología y de la Oficina de Planes y Operaciones del OIJ para analizar, de previo, a todos los privados de libertad que podrían optar por ese beneficio para así minimizar cualquier riesgo de reincidencia. En el último informe de más de cien casos, el OIJ pidió no reubicar solo a dos personas.
En el marco de un Estado de Derecho, los penosos sucesos relatados por la prensa serán investigados por el Ministerio Público y, como corresponde, conocidos en los tribunales de justicia.
En cualquier caso, pese a que se trata hechos tan dolorosos y lamentables, no debe ignorarse la gran cantidad de personas que, mayoritariamente, sí cumple con rigor los planes de atención técnica y las condiciones asignadas en los centros semiinstitucionales y, además, mantiene una conducta adecuada.
En todo caso, los traslados de privados de libertad al régimen semiinstitucional responden a procesos reglamentarios. Este sistema funciona desde 1970 y, en los últimos siete años –esto es, durante las administraciones Chinchilla Miranda y Solís Rivera– han sido reubicadas al régimen semiinstitucional más de 12.000 personas que han cumplido con los requisitos para descontar su condena en un programa semiabierto, con un éxito del 86%.
El INC reitera que, entre mayo del 2014 y mayo del 2016, han sido trasladadas 5.995 personas al programa semiabierto por la vía del reglamento, de las cuales solamente 1.270 personas fueron reubicadas como fruto de las circulares extraordinarias tomadas por el Ministerio de Justicia y Paz para disminuir el hacinamiento como lo ordenaron los jueces de ejecución de la pena.
Esas medidas, cuyo nivel de éxito está probado en las estadísticas de la Dirección General de Adaptación Social, las cuales confirman que solo 25 de las personas trasladadas regresó a prisión por la apertura de una nueva causa judicial –apenas un 1,9%–, han sido felicitadas por la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, la Facultad de Derecho de la Universidad de Costa Rica, el Instituto Latinoamericano de Naciones Unidas para la Prevención del Delito y, recientemente, la Pastoral Social Cáritas de la Iglesia Católica.
No debe perderse de vista que, cada año, ingresan en promedio 7.400 personas a la cárcel. Si no se utilizaran los mecanismos de desinstitucionalización, el sistema penitenciario colapsaría y estaríamos lamentando vidas humanas.
La sociedad demanda la construcción de nuevos y más espacios carcelarios para combatir la sobrepoblación y así se ha hecho. Recientemente, por ejemplo, se inauguró el arco modular de Pococí para habilitar 100 espacios adicionales.
No obstante, las construcciones resultan insuficientes cuando los ingresos de privados de libertad siempre superan los egresos. Incluso, se trata de infraestructura sumamente onerosa para el erario. Por ejemplo, entre el 2013 y 2014, se invirtieron ₵6.417 millones para habilitar 1.146 espacios nuevos y el hacinamiento nunca disminuyó en ese mismo período.
Desde hace dos meses, se inició la construcción de la Unidad Productiva de San Rafael, un proyecto de 10.000 metros cuadrados dentro del complejo La Reforma, valorado en $18,4 millones, es decir, cerca de ₵10.000 millones, cuyo modelo pretende dotar de capacitación y espacios laborales a la población privada de libertad.
Por otro lado, ya están firmados los contratos para el inicio de las otras dos unidades productivas en Pococí y Pérez Zeledón, que permitirán crear 832 espacios nuevos entre ambos lugares, por una inversión total de $35 millones.
El reto para el Sistema Penitenciario Nacional es grande y se requiere de una respuesta integral del Estado para atender con urgencia este problema, pues no se trata de una situación que le competa exclusivamente al Ministerio de Justicia y Paz.