La ministra de Justicia y Paz, Cecilia Sánchez Romero, pidió esta mañana a los diputados de la Comisión Permanente Especial de Seguridad y Narcotráfico que apoyen la aprobación de tres proyectos de ley que reducirán el hacinamiento penitenciario y permitirán promover la inserción social de la población privada de libertad.
En una fase pre-penitenciaria, se debe impulsar el expediente N.° 19.490, promovido por las diputadas Silvia Sánchez y Karla Prendas, cuyo objetivo es introducir la proporcionalidad en los delitos de hurtos y daños menores al regresarlos a contravenciones. Actualmente, se encuentra en la Comisión de Asuntos Jurídicos.
“Este proyecto, sin lugar a dudas, es muy importante que sea considerado y aprobado. Esta reforma va a impactar sustancialmente el hacinamiento, en la medida en que va a disminuir los montos de los delitos contra la propiedad”, dijo Sánchez.
Por otro lado, en una fase penitenciaria, existe el proyecto N.° 18.867, denominado Ley del Servicio Penitenciario Nacional y Acceso a la Justicia para la Ejecución de la Pena, que sintetiza una serie de acuerdos, disposiciones y normas dispersas sobre el Sistema Penitenciario.
El plan es producto del trabajo metódico de un grupo de asesores de la Asamblea Legislativa, coordinados por Daisy Ospina, junto con funcionarios de la Defensa Pública, Ministerio Público y el Ministerio de Justicia y Paz. El proyecto se convocará en febrero para sesiones extraordinarias, pues está en etapa final de revisión del texto.
“Esta iniciativa permitirá dar cumplimiento a la sentencia de la Sala Constitucional, de noviembre del 2015, que obligó a adoptar una ley de ejecución de la pena. Establece los derechos de la población penal, la forma en que se restringen, el control judicial de las sanciones y nos pone a derecho en línea con países que tienen regulada la forma en que las personas van a ingresar a prisión”, explicó la ministra.
Finalmente, hay una propuesta post-penitenciaria, relacionada con la eliminación del registro judicial para efectos laborales, tramitado bajo el expediente N.° 18.650. Esta propuesta ya se encuentra en el Plenario, y recoge otra serie de iniciativas que habían sido expuestas por distintos partidos y diputados.
Existe una moción que se trabajó en conjunto con la Defensa Pública y un equipo del Ministerio de Justicia y Paz para asegurar la inserción social de las personas que egresan de la prisión, pues al tener manchada su hoja de juzgamientos, se les obstaculiza conseguir trabajo.
De acuerdo con la propuesta, a la cual se le presentó una moción, la cancelación de los asientos se segmenta gradualmente según sea la pena, delito o condiciones excepcionales. Se anulará el registro inmediatamente para penas inferiores a 3 años, delitos culposos o delitos cometidos por mujeres en condición de vulnerabilidad.
En el caso de las penas entre 3 y 5 años, se anulará en un año; en tres años para penas de 5 a 10 años; y en cinco años para delitos específicos.
El proyecto pretende que para efectos laborales, se elimine inmediatamente el asiento, excepto para delitos graves como los tramitados bajo el procedimiento especial de crimen organizado, terrorismo, delitos sexuales contra menores de edad, homicidio calificado, feminicidio, delitos contra los deberes de la función pública. En estos casos, se mantiene en cinco años el registro.
“Me complace mucho que estamos demostrando que esto es un esfuerzo-país de todas las partes interesadas. Los tres proyectos, desde el punto de vista legislativo, tienen incidencia sobre el hacinamiento”, recalcó la ministra de Justicia.
El diputado y presidente de la Comisión de Seguridad y Narcotráfico, Antonio Álvarez, se comprometió a que en los próximos meses puedan aprobar el plan que eliminaría el registro judicial en algunos casos y dar el impulso necesario para los demás proyectos. Algunos diputados también felicitaron a la jerarca por su labor en la lucha contra el hacinamiento.