El presupuesto para el 2017, del Ministerio de Justicia y Paz, permitirá dar continuidad a los proyectos de infraestructura en materia penitenciaria.
Durante la audiencia de este miércoles, ante la Comisión de Asuntos Hacendarios, el viceministro de Justicia, Marco Feoli, enfatizó la responsabilidad del Estado en mejorar las condiciones tan dramáticas en que se encuentra recluida la población privada de libertad.
El proyecto de presupuesto para el 2017 destina ₵130.768 millones al Ministerio, lo que representa un 11,7% más que el del 2016. Este aumento, a pesar de la situación fiscal del país, obedece a la creación de tres nuevos centros con capacidad para 1.600 personas, financiados con un empréstito internacional, lo que requiere la creación de nuevas plazas técnicas y policiales.
El viceministro puntualizó que es necesario seguir utilizando con eficiencia los recursos para que el ingreso a prisión sirva de algo más que para ser un mecanismo de venganza, así como impulsar algunos cambios legislativos.
“Decidimos entrar a las cárceles para buscar soluciones y entender lo que viven las personas privadas de libertad y los funcionarios. Toparse, más allá del discurso académico, semana a semana, en las visitas que hacemos a los distintos módulos, con el abandono histórico al que el Estado sometió a miles de personas recluidas, ha sido devastador, pero, al tiempo, ha vitaminado nuestra convicción de que las cosas pueden ir a mejor”, expresó Feoli.
En el 2015, el nivel de ejecución presupuestaria fue de un 94,71% y para este año las proyecciones son del 95%. Además, se ha avanzado en materia de infraestructura: hay 44 proyectos en los cuales se están invirtiendo más de ₵66.100 millones, los cuales impactarán las condiciones de vida de las personas que están a cargo del sistema y de los más de 6.000 funcionarios penitenciarios.
Al inicio de la gestión de la ministra Sánchez, el hacinamiento carcelario era de un 54%, lo que exponía al país a demandas ante la Corte Interamericana de Derechos Humanos. Durante este tiempo, se redujo a cerca del 40%. No obstante, Costa Rica se mantiene como el cuarto país con la tasa de encierro más alta de América Latina, con una tasa de prisionalización de 370 por cada 100 mil habitantes.
“Los números siguen siendo insuficientes. No podemos, a pesar de la mejoría, estar satisfechos. La meta debe ser eliminar el hacinamiento o, cuando menos, siguiendo los estándares internacionales, llegar al 20%”, añadió Feoli.
De otro lado, el viceministro enfatizó que la seguridad de Costa Rica no debe medirse por cuánta gente encierra, sino por cuántas personas que abandonan la cárcel lo hacen en condiciones de poder reinsertarse a la vida en libertad.
“Necesitamos un sistema que facilite los procesos de rehabilitación y que sepa diferenciar qué casos deben ser prisionalizados y qué casos merecen otro tipo de respuestas”, expresó.En esa línea, Feoli señaló que se han impulsado proyectos como la ley de modificación al registro judicial de delincuencia, la ley de ejecución de la pena, la ley de proporcionalidad de las penas y se han presentado otros proyectos como el de penas de utilidad pública, el bloqueo de señal en centros penitenciarios y, próximamente, el de vigilancia electrónica.
“La defensa de los derechos humanos de las poblaciones minoritarias nunca ha sido una tarea sencilla. Detrás del encarcelamiento, en la inmensa mayoría de los casos, ha habido, previamente, una exclusión social. El sistema penal está abarrotado de pobres. Urge dejar de creer, como dogma de fe, que la cárcel puede ser solución para conductas ancladas, fundamentalmente, en la injusticia social”, concluyó Feoli.