El Servicio Fitosanitario del Estado (SFE) del Ministerio de Agricultura y Ganadería (MAG), apoya por medio de capacitaciones en Buenas Prácticas Agrícolas (BPA) a los privados de libertad que cultivan en las fincas del Ministerio de Justicia y Paz la mayor parte de los vegetales que ahí se consumen .
Esta capacitación que se está impartiendo en las instalaciones del Centro de Atención Semi Institucional San Luis, Santo Domingo de Heredia, forma parte de la serie de capacitaciones para el sector que tiene el SFE en todo el territorio nacional, con el objetivo que se implementen correctamente las BPA, lo que permite proteger la salud de las personas trabajadoras en el campo, disminuir el impacto al medio ambiente y producir vegetales inocuos para las personas. Además, hay una segunda y muy importante intención: capacitar a las personas que actualmente están privadas de libertad, para que tenga una buena oportunidad laboral y se puedan insertar en la sociedad como trabajadores del campo bien capacitados.
“Nos sentimos muy complacidos de poder apoyar a este grupo de la sociedad, y de abrirles la posibilidad de integrarse al mercado laboral cuando cumplan sus sentencias. Cuando estén activos en ese campo, tendrán el valor agregado del conocimiento sobre las BPA”, indicó Esaú Miranda, jefe de la Unidad de Control de Residuos del SFE.
Gracias a esta coordinación con el Ministerio de Justicia y Paz (MJP), a través del Departamento Industrial y Agropecuario, unas 50 personas recibirán este curso, dividido en dos grupos. El curso consta de unas 19 horas práctico-teóricas efectivas, e incluye temas como calibración de equipos, inocuidad alimentaria, manejo adecuado de plaguicidas, manejo integrado de cultivos y el uso e importancia de los límites máximos de residuos.
“Al completar los cursos, las personas responsables del área de proyectos agropecuarios del MJP podrán optar por la solicitud del proceso de Certificación en Buenas Prácticas Agrícolas “Tico-BPA” en sus fincas, que no tiene costo, pero sí una gran cantidad de beneficios, es un valor agregado importante”, señaló Miranda.
El Sistema Penitenciario Nacional tiene alrededor de 12 fincas en diferentes zonas del país, como Liberia, San Ramón, Guápiles, Perez Zeledón, Limón, Nicoya y San Carlos, donde se cultiva los productos agropecuarios que consumen la misma población penal. Todas las fincas han pasado por un proceso de certificación de Bandera Azul Ecológica y se pretende certificar las mismas con TICO-BPA para asegurar la inocuidad de los productos agropecuarios que desde las fincas se cosechan.
Desde el Ministerio de Justicia y Paz, se le invita a otros entes públicos y privados y a la población en general a participar de estas certificaciones voluntarias con el fin de desarrollar prácticas de conservación y protección de los recursos naturales y la protección de salud de los habitantes.