El centro de monitoreo, ubicado en San José, funciona las 24 horas y emite alertas al resto de cuerpos policiales del país, en casos de ruptura de la cinta magnética o cuando la persona se sale del perímetro autorizado por el juez.
Durante los últimos días, el sistema permitió alertar sobre el incumplimiento de tres usuarios en Purral de Goicoechea, en la zona fronteriza con Panamá y en Heredia.
Todos los casos permitieron, con prontitud, enviar la ubicación satelital de esas personas a los jueces para que estos determinaran si se giraba la alerta los cuerpos policiales del país y la respectiva orden de captura.
Actualmente, 270 personas portan la tobillera electrónica por una orden judicial. Ninguno de esos casos ha sido otorgado por el Ministerio de Justicia, ya que la ley solamente faculta al Poder Judicial a imponer la pena.
De esas personas, 39 portan el dispositivo como medida cautelar mientras se les realiza el juicio y 231 fueron condenadas a arresto domiciliario con tobillera electrónica.
Desde el 27 de febrero, cuando comenzaron a funcionar los dispositivos electrónicos, los jueces de la República solamente revocaron la medida a nueve usuarios por haberse cortado la cinta o por salirse de su zona de inclusión.
En esos casos, le correspondió a los tribunales, de manera exclusiva, determinar en qué casos hubo un incumplimiento y si procede o no la revocatoria de la medida.
Este Ministerio considera que, a la fecha, los resultados han sido muy positivos, debido a que solamente un bajo porcentaje de los usuarios retornó a prisión. No obstante, el Ministerio presentó, este año, un proyecto de reforma para corregir algunos vacíos que contiene la ley de vigilancia electrónica que los diputados aprobaron en el 2014.